La fundación de Veracruz por parte de Hernán Cortés

La figura de Hernán Cortés suele ser evocada únicamente bajo la imagen del guerrero que, con la espada en mano, derribó imperios. Sin embargo, su mayor victoria no se gestó en el campo de batalla, sino en el terreno de las leyes.

Cortés poseía una doble naturaleza poco común entre los hombres que poblaban las Indias: era un hidalgo extremeño capaz de manejar la espada con destreza, pero también un jurisconsulto de Salamanca que comprendía que la pluma podía ser un arma más poderosa que el acero.

Su formación humanista le permitió entender que el poder es una construcción de símbolos y que «la ley está por encima del monarca», una premisa que pondría a prueba en un momento crítico de su expedición.

Hacia abril y mayo de 1519, tras desembarcar en los arenales de Chalchihuecan (donde hoy se encuentra San Juan de Ulúa), Cortés se enfrentó a una situación límite. Su expedición se encontraba dividida y al borde del motín:

• Por un lado, los partidarios de Diego Velázquez exigían cumplir estrictamente las instrucciones de «rescatar» oro y regresar a Cuba.
• Por otro, los incondicionales de Cortés y el propio capitán deseaban internarse en la tierra para poblar y conquistar.

El dilema era existencial: regresar significaba quedar subordinado a Velázquez y enfrentarse a posibles castigos; seguir adelante sin permiso real equivalía a la rebelión abierta y la traición.

La tesis central de este episodio histórico es que la fundación de Veracruz no fue un acto urbanístico, sino una «ficción legal» magistral. Cortés no fundó una ciudad de piedra y cal (de hecho, la primera Villa Rica consistía apenas en unos cobertizos de palma en la playa), sino que creó una entidad jurídica.

A través de esta argucia notarial, el conquistador logró romper sus vínculos legales con el gobernador de Cuba y colocarse bajo la autoridad directa del rey, transformando una expedición mercantil en una empresa de Estado con una legitimidad impecable ante los ojos del derecho medieval.

Las capitulaciones de Diego Velázquez

La expedición de Hernán Cortés no partió como una empresa autónoma de conquista, sino bajo un contrato restrictivo firmado con Diego Velázquez el 23 de octubre de 1518. Este documento, conocido como las instrucciones o capitulaciones, establecía un marco legal sumamente estrecho: los objetivos oficiales eran «rescatar» (intercambiar baratijas por oro), explorar el litoral y buscar noticias de la expedición perdida de Juan de Grijalva.

Bajo ninguna circunstancia se autorizaba a Cortés para poblar, conquistar o establecer un gobierno permanente, ya que Velázquez, que actuaba como teniente de gobernador, carecía de facultades reales plenas para otorgar tales licencias sin el permiso expreso de la Corona o de los frailes jerónimos que gobernaban en Santo Domingo.

En virtud de este marco jurídico, Cortés era un mero mandatario delegado cuya autoridad emanaba directamente de Velázquez. Esta subordinación legal lo mantenía atado a la jerarquía de las Antillas, convirtiéndolo en un ejecutor de los intereses comerciales del gobernador de Cuba, quien había financiado parte de la armada.

A pesar de que Cortés invirtió su propia fortuna y se endeudó profundamente para equipar la flota, ante la ley castellana seguía siendo un subordinado que debía rendir cuentas y entregar el botín obtenido al regresar a la isla.

Al llegar a los arenales de Veracruz, este marco legal se convirtió en el epicentro de un conflicto interno que dividió a la tropa. El bando de los «velazquistas», liderado por figuras como Juan Velázquez de León y Francisco de Montejo, exigía el cumplimiento estricto del contrato: una vez obtenido el oro de los emisarios de Moctezuma, la misión se consideraba cumplida y era imperativo regresar a Cuba.

Frente a ellos, los partidarios de Cortés argumentaban que se les había convocado con promesas de poblar y que retirarse en ese momento sería una traición a los intereses del rey. Cortés comprendió que, para liberarse de Velázquez sin convertirse en un forajido, necesitaba invalidar el contrato original mediante una nueva construcción jurídica que superara la autoridad del gobernador.

La teoría jurídica salmantina aplicada al Nuevo Mundo

Para comprender la audacia de Cortés en las costas de México, es preciso remitirse a las aulas de la Universidad de Salamanca. Allí, el joven extremeño no solo aprendió latín y retórica, sino que absorbió la teoría de la ley y los fundamentos del derecho medieval castellano.

Cortés comprendió una premisa que resultaría revolucionaria en el Nuevo Mundo: la fuerza que puede tener la pluma por encima de la espada y la convicción de que la ley está por encima del monarca.

La base legal de su maniobra descansaba en la noción medieval de la soberanía popular y el pacto de vasallaje. Según esta tradición, el poder no era una mera imposición divina absoluta, sino un contrato social donde el vasallaje del súbdito era compensado con la protección del monarca.

En este esquema, los hombres libres tenían el derecho inalienable de establecerse en comunidad y formar un cabildo. La ciudad representaba el bastión del hombre libre y del ciudadano (el burgués), quien, aunque plebeyo, tenía derecho a autogobernarse en nombre y representación del rey a cambio del pago de impuestos.

Cortés aplicó magistralmente esta teoría para crear una «ciudad en el aire». Comprendió que fundar una ciudad consistía, ante todo, en redactar un acta notarial que transformara a una tropa de soldados en un cuerpo de ciudadanos y vecinos.

Al constituir el cabildo de la Villa Rica de la Vera Cruz, Cortés creó una nueva fuente de legitimidad jurídica. Según el derecho castellano, ante un vacío de autoridad o la necesidad de servir mejor a la Corona, un cabildo legítimamente electo podía ignorar a un intermediario (en este caso, el gobernador Diego Velázquez) y someterse directamente a la autoridad del rey.

Esta maniobra fue una «ficción legal» perfecta: la ciudad existía jurídicamente en un documento antes de que se pusiera una sola piedra. Al renunciar a sus cargos delegados por Velázquez ante el nuevo cabildo y ser inmediatamente reelegido por este como Capitán General y Justicia Mayor, Cortés dejó de ser un mandatario subordinado para convertirse en una autoridad que emanaba de la voluntad de la comunidad en nombre del rey.

En última instancia, Cortés utilizó el espíritu del Renacimiento, que ponía al individuo y su inteligencia en el centro, para acomodar la ley a su antojo y legitimar una rebelión bajo un marco de impecable legalidad.

El golpe de Estado notarial

El clímax de esta maniobra jurídica tuvo lugar en junio de 1519 en los arenales de Chalchihuecan. Para materializar su plan, Cortés recurrió a la figura indispensable del notario real, Diego de Godoy, un antiguo conocido de Medellín, quien fue el encargado de redactar el acta de fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz.

Mediante este acto protocolario realizado en nombre de los monarcas doña Juana y don Carlos, la tropa dejó de ser una masa de soldados subordinados para transformarse jurídicamente en un cuerpo de vecinos y ciudadanos con derecho a constituir su propio cabildo.

La constitución del primer ayuntamiento en tierra firme fue un movimiento político fríamente calculado. Para neutralizar a la oposición y dar una imagen de consenso, se eligieron dos alcaldes ordinarios: Alonso Hernández Portocarrero, amigo íntimo e incondicional de Cortés, y Francisco de Montejo, quien hasta ese momento se inclinaba hacia el bando de los «velazquistas» que deseaban regresar a Cuba. Junto a ellos, se nombraron regidores, un tesorero (Alonso de Ávila) y un veedor (Alonso de Grado), completando la estructura administrativa de la nueva ciudad.

Una vez establecido formalmente el Cabildo, Cortés ejecutó el paso maestro de su golpe de Estado notarial: compareció ante las nuevas autoridades y renunció estratégicamente a los cargos de capitán y justicia que le habían sido otorgados originalmente por Diego Velázquez.

Al quedar momentáneamente como un ciudadano común, Cortés rompió el vínculo de mandato que lo ataba legalmente al gobernador de Cuba. Tras su renuncia, el Cabildo deliberó y, apelando a la soberanía popular y a los usos y costumbres de España, eligió por votación a Hernán Cortés como Capitán General y Justicia Mayor.

A través de esta ficción legal, la autoridad de Cortés dejó de ser una delegación de un intermediario para convertirse en una fuente de poder emanada directamente de la voluntad de la comunidad en nombre del rey.

Los seguidores de Velázquez se vieron sorprendidos por un hecho consumado que no supieron reaccionar a tiempo, mientras que Cortés lograba lo impensable: transformar una insurrección militar en una refundación política bajo un marco de impecable legitimidad notarial.

La diplomacia del oro: comprando la voluntad real

Hernán Cortés era un conocedor profundo de la naturaleza humana y sabía que, aunque sus argumentos legales fueran sólidos, la voluntad de un monarca se inclinaba con mayor facilidad ante el brillo del metal precioso. Una vez ejecutado el golpe de estado notarial en Veracruz, el siguiente paso de su estrategia fue la «diplomacia del oro», una maniobra diseñada para transformar su rebeldía técnica en un servicio heroico a la Corona.

Para ello, Cortés tomó una decisión sin precedentes: en lugar de apartar únicamente el quinto real (el 20% obligatorio para el rey), convenció a su tropa de enviar absolutamente todo el tesoro acumulado hasta ese momento.

Mediante un discurso elocuente, persuadió a sus hombres de renunciar a su parte inmediata, argumentando que ese sacrificio aseguraría la legitimidad de la empresa y que las riquezas por venir en Tenochtitlán, que según los totonacas tenía calzadas de oro, harían que este envío pareciera una nimiedad. El cargamento incluía no solo pepitas, sino obras de arte de una exquisitez nunca vista en Europa: ruedas de oro y plata del tamaño de carretas, joyas de plumajería, piedras de jade y piezas de orfebrería fina.

Acompañando al tesoro, se enviaron documentos fundamentales redactados en julio de 1519: la hoy desaparecida Primera Carta de Relación de Cortés y la carta del Cabildo de Veracruz. En estos escritos, se justificaba la fundación de la ciudad como una necesidad imperiosa para la «mayor gloria de Dios y de Su Majestad», al tiempo que se denunciaba la supuesta incapacidad y avaricia de Diego Velázquez.

Para entregar estos despachos y el tesoro, Cortés eligió como procuradores a Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo, logrando con este último un doble objetivo político: enviar a un hombre de prestigio ante el rey y, simultáneamente, alejar de la expedición a uno de los líderes más prominentes de la facción velazquista.

La suerte de Cortés, factor recurrente en su biografía, se manifestó de forma espectacular en el contexto europeo. El tesoro llegó a manos de Carlos I en un momento de asfixia financiera: el monarca acababa de ser elegido Sacro Emperador Romano Germánico (junio de 1519) y estaba profundamente endeudado con banqueros alemanes para pagar los sobornos de su elección.

El arribo de las riquezas de aquel desconocido capitán extremeño no solo deslumbró a la corte y a artistas como Alberto Durero, sino que sirvió como prueba tangible de la solvencia de los nuevos dominios. Con este envío, Cortés dejó de ser un «gentil corsario» a ojos del rey para convertirse en el súbdito devoto que financiaba el sueño imperial de la cristiandad.

Las consecuencias: un rebelde bajo el amparo de la ley

La consecuencia inmediata de la maniobra jurídica en los arenales fue la ruptura definitiva con la autoridad de Diego Velázquez. Al constituirse el Cabildo y ser nombrado por este como Capitán General y Justicia Mayor, Cortés logró invalidar el vínculo de subordinación que lo ataba a Cuba, transformando su expedición mercantil en una empresa política que dependía únicamente del monarca.

Para Velázquez, este acto fue interpretado como una traición y una rebelión abierta, lo que lo llevó a declarar a Cortés fuera de la ley y a organizar una masiva expedición de castigo al mando de Pánfilo de Narváez con el fin de apresarlo.

Sin embargo, la audacia de Cortés le permitió enfrentarse a las consecuencias de su rebeldía desde una posición de fuerza legal. Al haber fundado una ciudad (aunque fuera una «ficción legal» en aquel momento), no actuaba como un simple amotinado, sino como el representante de una comunidad de ciudadanos que buscaba servir directamente a los intereses de la Corona.

Esta legitimidad, sumada a su victoria militar sobre Narváez y a la posterior caída de Tenochtitlán, puso a Carlos I ante un dilema que resolvió con pragmatismo. A pesar de las graves acusaciones de robo y abuso vertidas por Velázquez, Cortés ya era el dueño de facto de un vasto territorio que generaba la riqueza que el emperador necesitaba urgentemente para sus deudas europeas.

El éxito definitivo de la argucia de Veracruz se materializó el 15 de octubre de 1522. En esa fecha, el rey Carlos I firmó los documentos que nombraban oficialmente a Hernán Cortés como Gobernador, Capitán General y Justicia Mayor de la Nueva España.

Con este acto, la Corona no solo reconoció sus méritos, sino que validó a posteriori la legalidad de su insurrección política, dejando a Diego Velázquez derrotado y amargado. Cortés había logrado lo impensable: utilizar la ley para protegerse de la ley, convirtiendo su rebelión en un servicio heroico amparado por el propio monarca.